Hubo gestiones reservadas con funcionarios y con diputados.

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La Iglesia proyecta redoblar la presión para que el Gobierno, finalmente, dé luz verde a un proyecto de asignación universal por hijo de padres sin cobertura social o desocupados. A las gestiones reservadas que -según pudo saber Clarín- viene haciendo con varios funcionarios, sumará la semana que viene la presentación pública en la sede de la Conferencia Episcopal de un documento con orientaciones generales que sirvan de base para la confección del proyecto. La decisión de meter más presión fue tomada al finalizar la semana, pese a los trascendidos de que un grupo de diputados del oficialismo presentaría antes de fin de mes un proyecto que va en esa línea. Los hombres de la Iglesia temen que la iniciativa oficialista se dilate en el tiempo porque la Casa Rosada nunca se mostró entusiasmada con la idea. Más bien, desde el oficialismo hay una resistencia a este tipo de iniciativas. O se apuesta desde despachos del Gobierno a que el proyecto termine otorgando una ayuda acotada y no alcance realmente a todos los menores pobres. La comisión de Pastoral Social, que preside el obispo Jorge Casaretto, y la comisión Justicia y Paz del Episcopado, que encabeza el laico Eduardo Serantes -que son los organismos que presentarán las orientaciones- aspiran a que el proyecto sea el resultado de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, de tal forma que quede fuera de toda sospecha de manejo clientelístico. Y que constituya una respuesta "a un derecho de los menores por ser tales" y no un mero asistencialismo. En la reciente Semana Social que la Pastoral Social organizó en Mar del Plata, Serantes anticipó que la Iglesia tiene en mente una propuesta que "hemos llamado Ingreso Básico para la Igualdad y la Equidad en la Niñez (Ingreso B.I.E.N., por sus siglas)", que anhelan que sea parte de "una política de Estado, independiente del gobierno de turno". Si bien admitió que varios legisladores trabajan en el mismo sentido, dijo que la idea "es hacer un aporte más al debate". Por otra parte, Serantes reconoció que una asignación universal para los menores pobres "no soluciona totalmente el problema de la pobreza, (esta iniciativa) deberá ser complementada con otras políticas públicas y sostenida por el apoyo de la sociedad civil en su conjunto". Con todo, no está claro si la propuesta de la Iglesia incluirá sugerencias sobre las formas de conseguir los fondos para un subsidio que insumirá varios miles de millones de pesos. Casaretto había deslizado hace dos meses, durante una entrevista con Clarín, que -por lo pronto- la asignación podría surgir de la supresión de programas aislados, pero el Gobierno viene avanzando en planes sociales parciales que, para la Iglesia, llevan a sospechar que buscan un propósito clientelar. Entre los diputados oficialistas se habla de gravar la renta financiera, aumentar la alícuota del impuesto a las ganancias para los sectores más pudientes, o un impuesto a la herencia y al juego. Pero lo prioritario pasa por arrancarle la decisión al Gobierno. De hecho, un proyecto en ese sentido del diputado Héctor Recalde tiene dictamen de la comisión de trabajo desde el año pasado y ahí quedó. Con todo, el presidente de la bancada oficialista de diputados, Agustín Rossi, prometió, cuando se sancionó la ley de medios, un debate sobre el tema en el Congreso.